Hace unos días vimos con alegría como el Congreso aprobó el proyecto que crea Ley sobre Transparencia del Mercado del Suelo, una normativa que para muchos a lo mejor no dice nada, pero que en lo concreto es un paso gigantesco y muy necesario en materia de ordenanza territorial, es especial en zonas en donde la especulación de los terrenos hace insostenible para el común de las personas poder adquirir una propiedad, tras valores sobre dimensionados que no se ajustan a la realidad.

Es en ese contexto, en donde esta nueva regulación contó con el apoyo transversal de la bancada parlamentaria, debido a que se entiende que la ley impulsada por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, permitirá profundizar en la transparencia y participación ciudadana del proceso de construcción del plan regulador; así como conocer claramente las reglas del mercado y evitar especulaciones.

Podemos decir, entonces, que la espera de dos años valió la pena. Hoy tenemos una ley que tiene tres ejes fundamentales. Por un lado se aumenta la Transparencia y Participación frente a  los procesos de cambio de los planes reguladores; además de mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia para establecer la contribución de bienes raíces; junto a lo cual se considera un impuesto que permite capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces en aquellos procesos de cambio de los Planes Reguladores que incluyen una ampliación del límite urbano.

En definitiva, este instrumento data de mayor transparencia, velando por interés de la comunidad y colocando barreras a las especulaciones y valores de terrenos sobredimensionados; con lo cual se vela por entregar mayor respaldo de oportunidades para las personas que quieren invertir en un inmueble.

Nuestras ciudades, hoy más que nunca y debido a su complejidad, requieren de mayor planificación urbana; que tenga como base el concepto de equidad y sustentabilidad; para que los vecinos y vecinas puedan contar con urbes amigables, en donde conviva la oferta de vivienda en sectores con acceso a servicios como salud, educación y comercio, espacios y áreas de esparcimiento, condiciones indispensables para una mejor calidad de vida. Aspectos que son considerados en esta ley que permitirá dar mayores oportunidades a la construcción de barrios con esta característica, que potencien la fortaleza de vivir en comunidad.

En su votación el proyecto de ley obtuvo una amplia mayoría con 94 votos a favor y solo cinco abstenciones, lo que demuestra que se trata de una ley que concita consenso, porque hace una radiografía de lo que hoy necesitan nuestras ciudades a la hora de proyectarlas y regular su crecimiento.

Sólo me resta destacar que con esta norma se cumple una de las promesas del nuestra Presidenta Michelle Bachelet, quien durante su mandato ha incentivado toda política o medida que mejore la vida de las ciudades y contribuya a una mayor equidad. Es ese sentido, durante estos 4 años se mejoró en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, apuntando a los bienes públicos de las ciudades; la relación entre inmobiliario, densidad y la calidad de las ciudades a través de la Ley de Aportes al Espacio Público.

Hemos dado un gran paso, ahora el camino esta trazado y la tarea es seguir pensando la ciudad con equidad.

Claudia Bustos Carpio

Seremi de Vivienda y Urbanismo

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